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Sólo 30% de las empresas emite análisis de riesgos en materia de derechos humanos

Worker standing in the factory. Group Staff Standing In Engineering Factory. Diverse multiethnic worker in manufacturing factory

El estudio de KPMG revela los avances y desafíos en la adopción de directrices de derechos humanos en las empresas, en su segunda edición, la Encuesta sobre Derechos Humanos en las Empresas – Impactos y Desafíos, elaborada por KPMG, analizó la madurez de las empresas en la incorporación de las directrices de derechos humanos.

Realizada entre septiembre y noviembre de 2024, la encuesta involucró a más de 120 profesionales de diferentes sectores económicos en cinco países de América del Sur. De éstos, Brasil tuvo la mayor representación (65% de los participantes), seguido de Argentina (15%), Venezuela (15%), Perú (4%) y Uruguay (1%).

Los datos muestran que el 97% de las empresas enfrentan riesgos relacionados a las personas, siendo los más críticos los asociados a terceros (79%), lo que indica que la relación con proveedores, prestadores de servicios y socios comerciales representa uno de los principales desafíos en la gestión de los derechos humanos.

Asimismo, el análisis muestra que el 76% de las empresas dice tener alguna política o directriz relacionada con los derechos humanos, ya sea un documento específico disponible públicamente (33%), una política divulgada internamente (9%) o como parte del código de conducta u otro documento más completo (34%).

También resultó positivo saber que más de la mitad de las empresas dispone de canales de denuncia . Sin embargo, los desafíos persisten. Cuestiones como los derechos indígenas y el impacto sobre las comunidades aún están poco explorados.

La evaluación de riesgos se puede mejorar: hoy en día, solo el 30% de las empresas realiza un análisis formal de riesgos en materia de derechos humanos. De este grupo de empresas, solo el 26% lo hace de manera periódica (anual o menor), en tanto que un 33% desconoce totalmente el proceso.

Algunas empresas adoptan medidas preventivas, pero carecen de alcance. A pesar de que el 61% de las organizaciones dispone de un código de conducta para proveedores, sólo el 12% ofrece formación para involucrarlos.

La asignación de recursos también presenta desafíos: el 37% de las empresas tiene un presupuesto específico para acciones en derechos humanos, pero un 37% no tiene asignaciones definidas, y el 26% restante desconoce la existencia de fondos dedicados para estas acciones. Metas claras e incentivos estructurados son esenciales para consolidar los avances en esta área.

El monitoreo de las prácticas en materia de derechos humanos es un punto crítico: aunque el 39% de las empresas monitorea a sus proveedores, el 43% no adopta ninguna estrategia al respecto, y el 18% de los encuestados ni siquiera conocen la existencia de este proceso.

También es necesario mejorar la transparencia en la comunicación. Si bien es positivo que el 43% de las empresas divulguen información sobre derechos humanos en sus informes de sostenibilidad, el 33% no publica ningún informe y el 16% no cubre el tema, lo que pone de relieve algunas lagunas en la rendición de cuentas.

Los canales de denuncia están ampliamente adoptados (el 83% de las empresas ofrecen medios para denunciar violaciones), pero el 23% son exclusivamente internos y restringen el acceso a terceros, comunidades y clientes.

En resumen, la encuesta muestra que la región tiene buenos indicadores en materia de políticas de derechos humanos, pero existen desafíos importantes que deben ser abordados, con mejoras en el monitoreo, la gobernanza y la transparencia .

El estudio indica que las empresas necesitan aumentar la integración de este tema en sus estrategias, estableciendo objetivos claros, asegurando recursos adecuados y fortaleciendo los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

Vía: KPMG

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