Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos exigieron al Congreso de Nuevo León avanzar en la legalización y despenalización del aborto, al considerar que la entidad mantiene pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos.
La movilización se realizó en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, con la colocación de mantas en distintos puntos de Monterrey y frente al Congreso estatal, además de acciones para mantener el tema presente en la agenda legislativa.
De acuerdo con las promoventes, más de 100 activistas y 21 organizaciones locales y nacionales respaldan una iniciativa ciudadana que durante septiembre fue presentada de manera reiterada ante el Poder Legislativo.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley Estatal de Salud, el Código Penal de Nuevo León y la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna.
Entre los cambios planteados se encuentra garantizar educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, consejería confidencial y servicios de aborto seguro y gratuito, así como regular la objeción de conciencia para asegurar que exista personal médico disponible para prestar la atención.
Las organizaciones también proponen eliminar del Código Penal las disposiciones que sancionan el aborto voluntario y concentrar las penas en los casos en los que la interrupción del embarazo se realice sin consentimiento o de manera forzada.
Otro de los puntos busca ampliar las garantías para personas gestantes, incluyendo acceso a información, atención psicológica especializada y servicios de salud reproductiva sin discriminación.
Las colectivas sostienen que mantener sanciones penales genera mayores obstáculos para personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social o económica, entre ellas adolescentes, personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad y habitantes de comunidades con menor acceso a servicios médicos.
Hasta junio de 2026, 24 entidades federativas habían despenalizado el aborto al menos durante una etapa inicial del embarazo, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Nuevo León permanece entre las entidades que mantienen disposiciones penales restrictivas.
El debate en Nuevo León también está marcado por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 2022, el máximo tribunal invalidó una disposición de la Constitución estatal que protegía la vida desde la concepción, al considerar que las entidades federativas no pueden establecer definiciones que restrinjan los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
Además, desde 2021 la Suprema Corte ha establecido que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y contraria a derechos como la autonomía reproductiva, la salud, la dignidad, la igualdad y la no discriminación.
Las organizaciones pidieron al Congreso estatal retomar las iniciativas pendientes, realizar mesas de diálogo y ejercicios de parlamento abierto, y llevar las propuestas a discusión del Pleno.
Su demanda central es que la legislación de Nuevo León sea armonizada con los criterios constitucionales vigentes y permita que las decisiones reproductivas puedan ejercerse con acceso efectivo a servicios de salud, privacidad y sin criminalización.
Fuentes
Hora Cero — Información sobre la movilización y la iniciativa ciudadana presentada por organizaciones feministas en Nuevo León.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) — Acciones de inconstitucionalidad 41/2019 y 42/2019 sobre autonomía reproductiva y legislación de Nuevo León.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) — Criterios sobre la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto.
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) — Marco normativo del aborto en México, actualización a junio de 2026.
