Además de proponer cambios para que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sean atendidas a cabalidad al determinar que éstas sean exigibles, las reformas que el órgano envió al Senado y a la Cámara de Diputados también plantean que se puntualice que no podrá conocer de asuntos y resoluciones de organismos y autoridades comiciales “cuando se trate estrictamente de organización y calificación de procesos electorales”.

Asimismo, la iniciativa publicada ayer en la Gaceta del Senado señala que el titular de la CNDH o Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo –nuevo nombre que la misma comisión ha propuesto– no podrá ser relegida ni tampoco sus consejeros consultivos.

El documento expone que la actual administración heredó 508 recomendaciones sin cumplir, y hasta enero de 2023 sumaban 984 en trámite, lo que indica que no han sido sancionados ni resarcidos los efectos de las violaciones de derechos humanos que las motivaron.

Ante ello, propone que las recomendaciones tengan carácter de exigibles por la misma defensoría, sin depender de otro órgano como el Senado, además de que, de persistir el incumplimiento, podría denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda, sin consultar previamente a los órganos legislativos.

La CNDH busca además que en el artículo 7, el cual indica que no puede conocer de asuntos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, se agregue que esto es cuando se trate estrictamente de organización y calificación de procesos comiciales. Lo anterior, también en el contexto de las controversias constitucionales promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto por el Instituto Nacional Electoral como por la propia comisión nacional.

En dichas controversias, ambos órganos se acusan mutuamente de invadir sus respectivas esferas competenciales, ya que el INE señala que la CNDH tiene prohibición constitucional para intervenir en temas de índole electoral.

En la iniciativa, la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, también puntualiza que el titular de la defensoría nacional será elegido, al igual que los 10 integrantes del consejo consultivo, mediante procesos de participación ciudadana. Los consejeros cubrirán un periodo de tres años.