Aunque confiamos en que algunas de estas medidas terminen siendo anuladas por su carácter anticonstitucional, por contradecir leyes estadounidenses o incluso por decisión del propio Congreso, el impacto va más allá de su posible implementación. Los mensajes que transmiten y las ideas que refuerzan permanecen en el imaginario colectivo, perpetuando patrones de pensamiento que tienden a normalizarlas. Esto no solo abre la puerta a que sean percibidas como necesarias, sino que también pone en riesgo derechos que hasta ahora considerábamos logros sociales establecidos.

Aplicación de la pena de muerte, siempre que sea posible

La orden ejecutiva comienza con la afirmación, repetidamente desacreditada, de que la pena de muerte es una “herramienta para disuadir […] los crímenes más atroces”.No existen pruebas que respalden que la pena de muerte sea más efectiva que la prisión para reducir el crimen. Según esta directriz, el Fiscal General debe solicitar la pena de muerte para delitos graves, especialmente en casos de asesinato de agentes de la ley y crímenes capitales cometidos por personas extranjeras en situación irregular. Además, establece que los estados con pena capital deben asegurarse de contar con los medicamentos necesarios para llevar a cabo ejecuciones mediante inyección letal.

No podemos estar más en desacuerdo con esta decisión, ya que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y condición. Ejecutar a una persona implica negarle el derecho a la vida, tal y como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Estados Unidos, se ha demostrado que las personas pobres o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas tienen más probabilidades que el resto a ser condenadas a muerte por el mismo delito, debido a la discriminación presente en el sistema judicial. A esto hay que añadir que estos colectivos suelen tener más dificultades para acceder a los recursos legales necesarios para defenderse. Otro argumento contra la pena de muerte es el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Según el Death Penalty Information Center (DPIC), desde 1973, al menos 200 personas han sido exoneradas del corredor de la muerte. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutadas.

Retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Esta medida representa una decisión que afecta al principal organismo internacional encargado de apoyar la salud pública mundial. La OMS implementa numerosos programas para prevenir, controlar y tratar enfermedades como el ébola, el sarampión, la malaria, el VIH/sida, la diabetes, las cardiopatías, el cáncer, entre otras, y desempeñó un papel crucial durante la pandemia de COVID-19. Según la orden, esta medida se justifica por “la mala gestión de la COVID-19 y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas que demuestren su independencia y los pagos desproporcionados que exige a Estados Unidos en comparación con otros países”.

Con esta decisión, el presidente Trump muestra un claro desprecio por la salud pública mundial y por la cooperación internacional necesaria para abordar los desafíos de salud global. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los mayores financiadores y un socio clave de la OMS, contribuyendo a garantizar que exista una organización capaz de promover la salud, proteger al mundo y trabajar para que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder a este derecho humano.

Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras para la salud pública, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La pandemia de COVID-19 es un claro recordatorio de que las enfermedades no respetan fronteras. La OMS es la institución mejor equipada para responder a emergencias sanitarias globales, y la retirada de la financiación y participación de Estados Unidos amenaza con poner en peligro los derechos y las vidas de millones de personas en todo el mundo, incluida la propia ciudadanía estadounidense. Además, esta decisión podría influir negativamente en cómo la población percibe los esfuerzos necesarios para defender la salud pública y la capacidad de las instituciones para llevar a cabo campañas destinadas a proteger la sociedad.

Retirada del Acuerdo de París

Esta medida que afecta al tratado internacional más ambicioso hasta la fecha en materia de cambio climático, representa un grave retroceso en la lucha global contra el calentamiento global. Según el acuerdo, Estados Unidos se había comprometido a reducir entre un 61% y un 66% sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2035, tomando como referencia los niveles de 2005, un objetivo clave para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C. Sin embargo, al abandonar el acuerdo, este objetivo se aleja, lo que no solo agrava la crisis climática, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a alimentos, agua y vivienda.

El cambio climático ya es una amenaza significativa para los derechos humanos. Genera hambre, desplazamientos masivos, pobreza y desastres humanitarios a una escala sin precedentes. Los recientes incendios forestales en California y los devastadores huracanes en Carolina del Norte son claros ejemplos de cómo el cambio climático está afectando directamente a los estadounidenses. A pesar de ello, parece que este mensaje no termina de calar en algunos sectores de la sociedad y del liderazgo político. Como segundo mayor emisor de carbono del mundo, Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica y moral de liderar la transición hacia una economía global de cero emisiones. Su retirada del Acuerdo de París no solo incumple este deber, sino que además envía un mensaje negativo a otros líderes mundiales, dificultando la cooperación global necesaria para mitigar los efectos.

Las consecuencias de esta inacción son alarmantes: si no se toman medidas contundentes, se estima que la crisis climática provocará alrededor de 250.000 muertes anuales entre 2030 y 2050, causadas por malaria, malnutrición, diarrea y golpes de calor. Además, con un aumento de solo 2°C en la temperatura media global, más de 1.000 millones de personas verán drásticamente reducidos sus recursos hídricos, lo que podría llevar a al menos 600 millones de personas adicionales al borde de la hambruna para 2080, especialmente en los países de África Subsahariana. También se prevé que el cambio climático y los desastres naturales asociados desplacen a 1.200 millones de personas en todo el mundo para 2050, creando una crisis humanitaria de dimensiones nunca vistas.

Esta retirada no solo es un paso atrás para Estados Unidos, sino también para la humanidad, que necesita una acción climática concertada y decidida para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La inacción en este momento crítico no solo pone en peligro al planeta, sino que también hipoteca el futuro de millones de personas, incluidas las generaciones venideras.