Alejandro “N”, conocido en redes sociales como Alex Marín, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, tras ser acusado de delitos graves relacionados con trata de personas.
Las investigaciones señalan que habría involucrado a una menor de edad en actividades de explotación sexual y producción de material pornográfico, lo que podría significarle varias décadas tras las rejas.
La denuncia fue interpuesta por los familiares de la menor, quienes al descubrir el material difundido en línea, acudieron inmediatamente a las autoridades. A partir de la investigación se documentó que el acusado utilizó la manipulación emocional y el engaño para involucrar a la víctima en una red de explotación sexual que incluía grabaciones, difusión de pornografía y beneficios económicos a costa de la integridad de la menor.
¿Qué dice la ley sobre la trata y la explotación sexual?
Desde marzo de 2023, el Código Penal de Jalisco fue reformado para armonizarse con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, lo que permite imponer penas más severas cuando se trata de explotación sexual, sobre todo cuando la víctima es menor de edad.
Las penas establecidas por ley Según el Artículo 13 de esta Ley, quien se beneficie de la explotación sexual, pornografía o cualquier actividad sexual remunerada mediante engaño, abuso de poder o violencia, podría enfrentar una pena de 15 a 30 años de prisión y hasta 30 mil días multa.
Además, si la víctima es menor de edad, no es necesario demostrar que existió engaño o violencia, ya que la ley considera como explotación directa cualquier tipo de aprovechamiento sexual hacia personas menores de 18 años. Esto coloca el caso de Marín en una situación particularmente grave.
También podrían sumarse sanciones conforme al Artículo 14, que castiga con 10 a 15 años de prisión a quien someta a una persona a actos pornográficos, o participe en la producción de ese tipo de contenido con fines de lucro. El uso de plataformas digitales y redes sociales, como en este caso, agrava la situación jurídica del acusado.
Fuente: El Universal
