Expertos independientes vinculados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionaron los acuerdos utilizados por Estados Unidos para deportar a personas migrantes hacia otros países, al considerar que pueden derivar en violaciones graves a sus derechos fundamentales.
De acuerdo con el grupo, desde enero de 2025 el gobierno estadounidense ha impulsado convenios con distintos países para recibir a personas que no pueden ser trasladadas a sus lugares de origen. Según las cifras difundidas, al menos 23 mil personas de terceros países habrían sido deportadas mediante este tipo de mecanismos.
Los especialistas señalaron que enviar a una persona a un territorio con el que no mantiene vínculos familiares, culturales o sociales puede agravar su situación de vulnerabilidad, especialmente cuando el país receptor no ofrece garantías suficientes de protección.
Entre los principales riesgos identificados se encuentran la tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trata de personas y formas de explotación, además de posibles afectaciones al derecho a solicitar protección internacional.
Uno de los puntos centrales es el cumplimiento del principio de no devolución, conocido internacionalmente como non-refoulement, que impide enviar a una persona a un país donde existan razones fundadas para considerar que puede enfrentar persecución, tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.
Las consecuencias pueden ser especialmente graves para niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT+, personas apátridas y defensoras de derechos humanos, entre otros grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Los expertos también señalaron que algunos traslados pueden colocar a las personas en contextos donde enfrenten violencia o discriminación por razones de género, orientación sexual, identidad de género, condición migratoria o actividades relacionadas con la defensa de derechos humanos.
Ante este escenario, pidieron a los países involucrados suspender los acuerdos que no garanticen plenamente los derechos de las personas trasladadas, fortalecer los procedimientos de asilo y establecer mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.
También destacaron que los organismos internacionales que brindan asistencia humanitaria y migratoria deben aplicar criterios estrictos de debida diligencia para evitar que su participación contribuya a legitimar procedimientos que puedan derivar en abusos.
En este contexto, los especialistas subrayaron que la gestión migratoria debe colocar en el centro la dignidad, seguridad e integridad de las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
Fuentes
La Jornada / AFP — “Deportaciones de EU hacia terceros países violan derechos: especialistas”, 29 de septiembre de 2026.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) — Comunicaciones de procedimientos especiales sobre deportaciones desde Estados Unidos y el principio de no devolución.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU — Pronunciamientos de expertos independientes sobre migración, asilo y traslados hacia otros países.
