Representantes de víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y organizaciones de derechos humanos acudieron a organismos internacionales para advertir sobre posibles afectaciones a la independencia, autonomía y sostenibilidad financiera de este tribunal de justicia transicional en Colombia.

En total fueron presentadas tres solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Las preocupaciones se concentran en el presupuesto previsto para 2027 y en iniciativas legislativas que, según los promoventes, podrían modificar el funcionamiento de la jurisdicción.

Una de las peticiones solicita medidas cautelares para víctimas y participantes de procesos ante la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), ante el posible impacto que tendría la reducción de recursos y los cambios legislativos en las garantías de quienes participan en estos mecanismos de justicia y búsqueda.

El Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iresodh) pidió además a la CIDH que solicite información formal al Estado colombiano sobre las iniciativas que podrían afectar a la JEP, utilizando las facultades previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos y colectivos jurídicos llevaron el caso ante la Fiscalía de la CPI para informar sobre hechos que, desde su perspectiva, podrían comprometer los compromisos asumidos por Colombia en materia de justicia, rendición de cuentas y protección de las víctimas.

El debate presupuestal contempla una reducción de recursos para el sistema de justicia transicional. La propia JEP ha señalado que una disminución de esta magnitud podría limitar su capacidad para concluir investigaciones, supervisar el cumplimiento de sentencias y mantener operaciones en los territorios.

A esto se suma el trámite de iniciativas legislativas relacionadas con la duración y alcance de la jurisdicción, así como propuestas para revisar determinadas decisiones que involucren a integrantes de la fuerza pública.

La JEP fue creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016 y tiene entre sus funciones investigar y sancionar los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado colombiano, además de contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, ha advertido que un recorte significativo para 2027 podría afectar etapas clave de las investigaciones y la ejecución de sanciones ya impuestas.

Para las organizaciones y representantes de víctimas, cualquier modificación presupuestal o legislativa debe preservar la independencia de la justicia transicional y los derechos de quienes sufrieron violaciones durante el conflicto armado, evitando retrocesos en los mecanismos creados para garantizar verdad, justicia y reparación.

Fuentes

Caracol Radio — Información sobre las solicitudes presentadas ante la CIDH y la Fiscalía de la CPI por el presupuesto y las reformas relacionadas con la JEP, septiembre de 2026.

Infobae Colombia — “Víctimas y organizaciones sociales enviaron comunicados a la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional…”, septiembre de 2026.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) — Información institucional sobre su mandato, funciones y situación presupuestal.