Con la emisión del Pronunciamiento para la Adopción de Acciones Urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad de los Centros Penitenciarios del País, a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente a las autoridades estatales y federales, a fin de que implementen acciones con debida diligencia que les permita recobrar la gobernabilidad, seguridad y debido funcionamiento de dichos establecimientos en el país.

El presente Pronunciamiento surge ante la preocupación de este Organismo por los acontecimientos que se han suscitado en los últimos años en centros penitenciarios del país y que han colocado en riesgo la integridad personal y la vida de las personas privadas de la libertad y del personal que labora en estos ante la falta de mecanismos eficaces que garanticen la gobernabilidad, el funcionamiento de los centros y el reforzamiento de la seguridad en algunas prisiones del país, pues, lejos de disminuir han ido en aumento y han dado cuenta, incluso, de incidentes como los ocurridos recientemente en el Centro de Reinserción Social número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por ello, a través de este instrumento, la CNDH solicita la generación de diversas acciones, que, en carácter de urgente, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben realizar y adoptar en debida coordinación con los sistemas penitenciarios federal y estatales del país y con las personas integrantes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz a nivel federal y estatales, a fin de que en las cárceles de nuestro país se restablezcan todas aquellas condiciones posibles que permitan que las personas privadas de la libertad vivan dignamente y accedan a una efectiva reinserción social, alejadas de contextos de violencia, riesgos latentes o en medio de escenarios donde se alienten las conductas ilícitas y de aquellas que vulneren sus derechos humanos, pugnando por transformar las actuales políticas penitenciarias por aquellas que, de manera multidisciplinaria, admitan un modelo de prisión que coloque en el centro de sus actuaciones a las personas privadas de la libertad.

De esta forma, la CNDH pide a las diversas autoridades del Estado mexicano que, entre otras acciones, elaboren junto con un equipo multidisciplinario, un diagnóstico de detección e identificación de riesgos detallado en cada centro penitenciario, a fin de establecer un Plan Estratégico de Acciones Urgentes y Graduales para el Restablecimiento del Orden, Seguridad y Operatividad en cada entidad y de la federación.

Que contemplen en el Plan Estratégico un análisis georreferencial del lugar en que se localiza cada centro penitenciario, que incluya las condiciones sociales, educativas, económicas, multiculturales, por índices de violencia, tipo de población penitenciaria de acuerdo con la región y su posible vínculo con grupos criminales o delincuencia organizada. Generar las acciones pertinentes para determinar la permanencia, debida capacitación, profesionalización y designación de nuevos perfiles idóneos que deban estar al frente de dichos centros penitenciarios. Contemplar las posibles afectaciones en el acceso de servicios, insumos, materiales e infraestructura básica que repercuten en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad para que se contemple garantizar la satisfacción inmediata de dichos servicios.

Asimismo, identificar zonas o áreas en las que priva el autogobierno y los privilegios y al que no se tiene acceso institucional derivado del control que mantienen personas privadas de la libertad, a fin de determinar las medidas estratégicas y de inteligencia necesarias para desmantelarla. Y dar vista a las autoridades competentes de los posibles actos de corrupción, sustancias, objetos o materiales indebidos y se inicien las investigaciones administrativas y/o penales correspondientes.

La Comisión Nacional insiste en la imperante necesidad de que las personas privadas de la libertad sean visibilizadas como seres humanos con dignidad y derechos, lo que admitirá que quienes se encuentran a cargo de su custodia, atención, cuidado y reinserción, lo hagan mirándolos como su igual y no como a un ser que deba ser castigado a partir de la conducta delictiva, a través de la consumación y agudización de malos tratos o condiciones denigrantes a partir de su ingreso a dicho lugar.

Asimismo, la Comisión Nacional lamenta que pese a los resultados que año tras año se emiten y dan a conocer a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, las autoridades de los sistemas penitenciario no observen este instrumento también como un medio de prevención de riesgos, a fin de generar acciones, programas, armonización de su marco normativo y políticas públicas encaminadas a revertir las graves problemáticas que se detectan en estos y que necesariamente impactan en la debida operatividad y gobernabilidad de los centros.

El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales emitido en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) refirió que durante el año 2021 ocurrieron 2 mil 840 incidentes en los centros penitenciarios federales y estatales, lo que representó un aumento de 22.6% respecto a la cifra reportada en 2020. En dichos incidentes estuvieron involucradas 8 mil 830 personas. Además, 110 personas fallecieron y 691 resultaron heridas. Del total de incidentes, el 74.6% (2 mil 119) correspondieron al ámbito estatal y el 25.4% (721) al federal. Lo anterior representó un aumento en el número de incidentes en comparación con los reportados en el año 2020 a través de ese instrumento.

Este Organismo Nacional, a través del Pronunciamiento Penitenciario, da cuenta de diversos incidentes violentos que han ocurrido al interior de los centros penitenciarios dentro del periodo de 2019 a lo que va del 2023, en los que se ha tenido alguna intervención o conocimiento a través de los diversos medios de información, y en otros que incluso han derivado en Recomendaciones. A partir del análisis de los resultados emitidos en los dos últimos Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria se enfatizan las principales irregularidades de mayor incidencia detectadas en las cárceles del país, que, aunado a la información que las autoridades penitenciarias brindaron en respuesta a solicitudes realizadas por la CNDH, y a la proporcionada respecto de la estadística de eventos violentos ocurridos en cada centro, permiten observar una fórmula peligrosa detonadora de estos como: la sobrepoblación, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, una debida capacitación, deficiencias en sus condiciones laborales y equipamiento, la falta de supervisión de titulares de los centros, deficiencias en la clasificación de las personas y el autogobierno o cogobierno.

Ante ello, la CNDH reitera que las acciones para mantener la seguridad, la gobernabilidad y operatividad en los centros de reinserción social es una atribución indelegable del Estado y un requisito indispensable para cumplir con los fines de las medidas privativas de la libertad.

Finalmente, este Organismo Nacional refrenda su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y con el personal que labora en los centros penitenciarios del país.

Fuente: Comunicado de Prensa